En 2010, la Drug Enforcement Administration (DEA) publicó un artículo en el que defiende la ilegalización de las drogas y arremete contra quienes abogan por una política menos represiva. El título del texto es: SPEAKING OUT. Against Drug Legalization, y "está diseñado para cortar la niebla de la desinformación actual con hechos claros".

Los principales argumentos del artículo son: la salud, la seguridad, la economía y la moral del pueblo americano. Según el texto, las muertes relacionadas al consumo de drogas en EEUU, fueron más de 38 mil en 2006. Asimismo, se cuentan unas 23.1 millones de personas mayores de 12 años que necesitan tratamiento por el uso de drogas y alcohol de las cuales, sólo 2.3 millones lo reciben. El abuso de drogas, según el informe, costó al estado americano, 181 billones de dólares en 2002.

Se trata, ciertamente, de estadísticas estremecedoras (aunque poco detalladas), sobre las que se sustenta la postura continuista de la DEA. El texto, sin embargo, omite casi por completo, la violencia y la corrupción que la "guerra contra las drogas" ha generado en Latinoamérica desde que Nixon la bautizara en 1968.

La política antidrogas que se viene aplicando desde hace 43 años, ha producido, entre otros, los siguientes resultados: aumento alarmante del número de adictos en el mundo (200 millones según la ONU), aumento de la violencia y corrupción (22 mil muertos en México desde 2007), entre 18 y 39 mil millones de ganancias generadas por carteles mexicanos y colombianos al año y el progresivo aumento del presupuesto de la DEA que hoy sobrepasa los 2,600 millones de dólares.

La agencia de control de drogas asegura que “los criminales no dejarán de ser criminales si se legalizan las drogas” y para dar por zanjado el asunto mexicano, concluye: “La violencia en México es el reflejo de una batalla más grande sobre si México se regirá bajo el imperio de la ley, o el imperio de las armas”. No se menciona que las armas y el dinero para comprarlas vienen de Estados Unidos.

En otra parte del texto se lee: “cualquier ley justa debe estar basada en consideraciones morales (…)”.La DEA no parece ver en los miles de muertos que año tras año deja el narcotráfico a ambos lados de la frontera, consideraciones morales que justifiquen una revisión de la ley.